Nos preguntamos a menudo cómo sería una sociedad propiamente humana. Una sociedad imperfecta por supuesto, pero mínimamente humana. Porque es evidente que la organización de la sociedad en la actualidad, en la mayor parte del mundo, no merece este calificativo.
Y respondemos que sociedad humana es aquella cuya organización general, incluida la productividad económica, se rige mediante una escala de valores en la que la ambición del dinero no ocupa un lugar prioritario para evitar así que otros valores más importantes les estén subordinados. Sin bien no podemos negar la utilidad del dinero como instrumento de intercambio, no es inteligente y tampoco viable socialmente que valores tales como la igualdad, la verdad, el amor fraterno, la solidaridad y la ayuda mutua, todos ellos de imprescindible valor convivencial, sean destruidos de forma consciente y programada a causa de su manifiesta incompatibilidad con la desmedida ambición de acumular riquezas y poder.
Y sin embargo esto es lo que ocurre en la sociedad en que vivimos. Por ello estamos rodeados hasta lo inadmisible de engaños, crímenes y violencia.
¿Pero qué ocurre cuando una organización social se estructura en torno a una escala de valores diferente a la que rige el mundo llamado moderno? ¿Qué ocurre cuando frente al dinero se prioriza el respeto a la vida, el cuidado de la naturaleza, la solidaridad entre sexos, la igualdad política y económica o la reflexión a largo plazo sobre la utilización de recursos materiales y humanos frente a un economicismo ciego y destructor?
Quizás haya quien ni siquiera entienda la pregunta. ¿Quién, se dirán, sobrevive en la actualidad practicando una escala de valores tal? Sin embargo basta conocer un poco la historia de la humanidad y reflexionar sobre lo que acontece actualmente para poder acercarnos a la respuesta en la dirección correcta.
Acabo de leer el primer correo que me ha remitido el Comité Regional Indígena del Cauca (CRIC) al que me he suscrito recientemente tras leer el libro titulado “ El movimiento de resistencia indígena en el Cauca colombiano” , escrito por Jesús Castañar Pérez.
En dicho libro se relatan muchas cosas interesantes sobre los movimientos de resistencia de los indios paéces, torotós, kokonucos y guambianos quienes, aunque con una larga historia a sus espaldas pues ya habitaron sus antepasados estas mismas tierras del sudoeste del actual territorio colombiano, inician su organización política con la que operan en la actualidad a mediados del pasado siglo XX, reinventándose en varias ocasiones como es propio de cualquier organismo vivo de carácter social, que busca la supervivencia en un medio cambiante y a menudo, como en este caso, hostil.
Aunque no es éste el lugar para un comentario completo del libro, sí quiero resaltar que describe con acierto la larga lucha, ciertamente épica, de estos pueblos contra el tándem indisoluble de estado-empresa multinacional, la misma que por desgracia están librando muchos pueblos de la Tierra. Se trata de pueblos cuya cultura todavía no ha sido completamente destruida de manera general como, sin ir más lejos, ha ocurrido con las naciones y pueblos de Norteamérica, Asia, África o Europa cuya única organización política consiste en su disolución dentro de lo estatal.
Es posible, como ya hemos insinuado, que a algunos lectores les cueste comprender que cuando un pueblo (nación, si preferimos la etimología y denominación griega) se rige por una escala de valores propia, la organización estatal les resulte ajena y dañina. Pero así es.
Según el autor del libro, la organización actual de los pueblos del Cauca colombiano, tras desengañarse del papel del estado tanto en épocas de paz como en tiempos de guerra, volvieron a formas de organización política inspiradas, aunque no copiadas literalmente, en sus ancestrales usos y costumbres, en la autonomía que les proporcionaban sus leyes e instituciones de justicia propias, así como la recuperación y conservación del territorio, entendido como propiedad comunal ( resguardos) y por tanto gestionado por sus electos. Las organizaciones políticas locales, tras varias denominaciones finalmente recibieron el nombre de cabildos, diferenciándose de los ayuntamientos de inspiración liberal en que no se accede a ellos a través de partidos políticos sino mediante elecciones directas de candidatos por barrios o asambleas. Es decir, por ser democráticos frente a la farsa del estado que presenta candidatos de partidos políticos representantes del pueblo, para ahogar la democracia local.
Los ayuntamientos, según las constituciones estatales actuales son estado y no otra cosa, a pesar de su apariencia democrática, de ahí el bajísimo nivel de participación ciudadana, frente al alto compromiso indígena con la política.
Hay que tener en cuenta que esta síntesis de pasado y presente alcanzada en su búsqueda de autonomía política, ha tenido lugar básicamente durante la guerra que ha enfrentado a las fuerzas armadas del estado colombiano con las guerrillas, especialmente con las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (FARC) ,el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Ejército Popular de Liberación (EPL). Durante este tiempo los indígenas del Cauca colombiano, que inicialmente apoyaron e incluso formaron parte de la guerrilla, optaron por su total independencia de la misma y al mismo tiempo que renunciaron a las armas supieron desarrollar estrategias de defensa propia que resultaron eficaces en tiempo de guerra. Fueron frecuentes sus enfrentamientos con las FARC que en lo sustancial se comportaban como el estado, apropiándose de su comunal, obligando a formar parte de su estructura militar y secuestrando y matando a destacados indígenas, mujeres y hombres.
Una de sus estrategias de defensa más importantes ha consistido en organizar la llamada Guardia Indígena , conjunto de voluntarios, hoy por hoy desarmados, pero entrenados en enfrentarse de manera directa con fuerzas opositoras armadas. También forman parte de su estructura defensiva las asambleas permanentes así como aquellas que forman propiamente su estructura política pero que son a su vez la fuerza que soporta y dinamiza a la Guardia Indígena: la elección directa de los dirigentes de los cabildos según usos y costumbres, la corrección y si se da el caso, el castigo de delitos según la ética y por tanto la justicia indígena, etc. Instituciones, que en último término mantienen unido al pueblo, hasta el punto de que ni el estado ni la guerrilla han conseguido por el momento doblegarles. En este sentido es admirable constatar cómo el pueblo responde a la llamada de sus electos. Un caso singular y hasta cierto punto único, es la llamada, en un determinado momento, a formar una “montonera”, consistente en presentar una fuerza numérica de personas, ante la invasión de su territorio, tan grande que llegue a paralizar al enemigo, quien al quedar en aplastante inferioridad, a pesar de estar armado, opta por negociar. Estas “montoneras” han tenido éxito básicamente contra la guerrilla y está por ver si serán eficaces frente al estado.
Cabe destacar que gracias a esta independencia, a pesar de los constantes ataques armados de guerrilla y ejército, es cómo estos pueblos indígenas han conseguido recuperar sus ancestrales tierras comunales, organizar sus cabildos sin la presencia de representantes del estado, y crear una economía propia que respete su escala de valores por lo que no es necesario atentar contra la igualdad, el reparto del beneficio de lo comunal y el cuidado de la naturaleza. Se trata de una manera de entender la economía que hace posible una supervivencia lejos de la miseria, y que llega a un equilibrio entre propiedad privada y propiedad comunal o común.
Por supuesto que esta resistencia indígena ha ido acompañada de matanzas y asesinatos de mujeres, niños y hombres en gran número. Pero lo más terrible es constatar que con la llegada de la llamada paz entre el estado y guerrilla, lo que ellos mismos temían y reflejaban en sus discursos (hacer caminar la palabra) se está haciendo realidad.
He aquí parte del texto recibido al que hacía alusión al inicio de este artículo.
“Hace siete días, el 26 de junio, encontraron los cuerpos torturados de los dos compañeros guardias indígenas Gustavo Parra y Sebastián Velásquez en La Delfina, departamento del Valle del Cauca. El 27 de junio, se contaron, en un periodo menor a 24 horas, dos líderes sociales asesinados Julio Sucerquia y José García en el municipio de Ituango, en Antioquia, donde la represa sigue estrangulando al río Cauca. El 28 de junio, fue asesinado el líder campesino Carlos Idrobo en la zona de El Patía, al sur del Cauca.
El 29 de junio, en el departamento de Córdoba, fue asesinado el líder campesino Iván Lázaro mientras dormía en su casa. Ayer, 2 de julio, fue asesinado el concejal Gabriel Correa del municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca. Hoy despertamos con la noticia de una nueva masacre en Argelia, departamento del Cauca. Se encontraron siete cuerpos con tiros de gracia en una de las vías de la zona rural del municipio. Pocos días antes, se difundió por el municipio un panfleto firmado por un grupo armado que anunciaba una “limpieza”. Para rematar, en horas de la tarde, mientras transmitían el partido de fútbol de la Selección Colombia, asesinaron a dos líderes sociales: Felicinda Santamaría en el Chocó y Luis Barrios en Atlántico.
Hacemos este recuento porque creemos que a veces le es difícil al país dimensionar las magnitudes de la violencia. Porque sabemos que los nombres de los líderes asesinados serán sepultados por la rotunda indolencia de la sociedad colombiana. Las cifras aumentan, el dolor persiste y las problemáticas sociales permanecen. Las comunidades indígenas de Çxhab Wala Kiwe somos conscientes de los cambios que sufre el país y el camino de destrucción que impone el nuevo gobierno nacional. Aunque todavía no ha tomado posesión el presidente electo, por el territorio nacional ya se extiende en la práctica el discurso de odio que tiene tanta resonancia entre el paramilitarismo no desmovilizado.
El pasado 1° de julio circuló por el norte del Cauca y el sur del Valle un nuevo panfleto firmado por las Águilas Negras en el que amenazan de muerte a las autoridades indígenas y líderes de Miranda, Corinto y Pradera, utilizando el mismo lenguaje ya conocido, acusando a las comunidades de ser un obstáculo para el desarrollo; en esta ocasión, el proyecto político-electoral MAIS y sus integrantes también fueron blanco de amenazas, siendo señalados con el invento retórico del “castrochavismo”. Sin lugar a dudas, los enemigos de la vida se sienten hoy empoderados, respaldados y legitimados.
Con este panorama, entendemos que el país se encuentra en el inicio de un proceso de recrudecimiento de la violencia, caracterizado por la persecución armada a los sectores sociales, populares y alternativos, facilitados por la silente complicidad de los medios masivos de comunicación. Unido a esto, se termina de conformar un bloque político cuyo objetivo es lograr “hacer trizas” los acuerdos de paz de La Habana, que desde ya está tomando decisiones que desmoronan las posibilidades de cerrar el capítulo más largo del conflicto en Colombia.
El retorno de las fumigaciones con glifosato, la inoperancia del PNIS y la imposición de la erradicación forzada y armada, son las prioridades del uribismo para el campo. Se suma el incumplimiento de los acuerdos, el desconocimiento del capítulo étnico en relación principalmente a la Reforma Rural Integral; pero con mayores consecuencias aún, propiciaron la castración de la Jurisdicción Especial para la Paz, que era el punto fundamental para conocer de una vez por todas la verdad del conflicto. Lo que percibimos en nuestros territorios, en fin, es el despliegue del proyecto militar de consolidación territorial: primero los muertos, luego los proyectos, en seguida las multinacionales extractivistas y por último el “progreso”.
Así pues, la firma de la paz con la guerrilla de las FARC de inmediato aparece como lo que es, una trampa para los indígenas. Ahora el estado, libres las manos, intentará asentar el golpe de gracia a quien realmente es su enemigo: el pueblo organizado, autónomo y libre. Tratará con todos los medios de recuperar el terreno perdido en estos años de enfrentamiento con la guerrilla. Como intuyen los indígenas, ahora el complejo estado-capital multinacional-ejército, se empleará a fondo en arrebatarles las tierras comunales, para lo que llaman sus fines de progreso.
El temor a que los indígenas organizados en cabildos autónomos hubieran podido dificultar su enfrentamiento con la guerrilla se ha disipado, de manera que la paz se convertirá para ellos ahora en una guerra de extinción.
En un mensaje cifrado en junio de 2016, la Consejería Mayor del CRIC formada a partir de las movilizaciones de 121 cabildos autónomos de diez pueblos indígenas comentaba en un comunicado: En los diferentes medios masivos de comunicación, servidores de las políticas gubernamentales del Cauca y Colombia, continúan con su estrategia de desprestigio contra las comunidades que se encuentran en minga (en movilización colectiva y en llamada a la ayuda mutua) por el territorio y la autonomía.
“Tenemos también información sobre infiltración por el Ejército de Liberación Nacional ELN, en algunos puntos, especialmente en el Choco, algo en el Cauca, en el norte de Santander y dos puntos muy puntuales en el Cesar”.
Señalamientos del Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, igualmente, el Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri de manera irresponsable señaló que la movilización es motivada por el ELN.
Entre tanto, en la mañana de hoy 07 de junio del 2016, el presidente de la republica Juan Manuel Santos ha manifestado por los medios de comunicación que “no nos va a temblar la mano para hacer respetar el derecho del resto de los Colombianos” estas declaraciones sin fundamento, ponen en alto peligro la integridad física y cultural de los pueblos indígenas, campesinos y afros que se encuentran en minga por los derechos colectivos de las comunidades. CONSEJERIA MAYOR, MINGUEROS DE LOS 121 CABILDOS Y 10 PUEBLOS INDÍGENAS, CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA (CRIC)
Así pues podemos concluir diciendo que mientras se destruyen con total cinismo, crueldad y desfachatez organizaciones humanas, pueblo, pueblos, todavía existentes en América, África, Asia o Europa, desde estas y otras partes del mundo las llamadas fuerzas progresistas pretenden crear realidades sociales semejantes que sabemos más justas y humanas.
Desde despachos políticos, cátedras universitarias y medios de comunicación, etc. se habla, de cómo hacer evolucionar al capitalismo y cómo seguir haciendo del estado un ente proveedor de lo social más perfecto, cada vez más democrático, así como una sociedad más justa. Un imposible. Un engaño, puesto que decir estado democrático constituye una contradicción en los términos.
La sociedad podrá ser democrática, el estado no. Por ello el estado con su jerarquía de valores entre los que dice estar la defensa del pueblo, si quiere existir deberá estar subordinado, sometido, a una ética, a una justicia y a una organización política popular, aquella que no tiene como prioritaria la ilegítima acumulación privada de capital y la dominación económica, política y militar.
Así pues, la destrucción a la que asistimos de pueblos autónomos, libres, especialmente de aquellos cuya organización política y económica se ha distanciado o se distancia del capitalismo y no obstante ha probado su valor de supervivencia durante siglos, es el síntoma evidente de que nos regimos por una escala de valores bastarda, irracional y profundamente patológica que tenemos la desfachatez de llamar progreso.
Rafael Rodrigo Navarro
