viernes, 8 de diciembre de 2017

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y ESCALA DE VALORES

Un artículo de Rafael Rodrigo Navarro 

Finalizados los años de la transición entre la dictadura franquista y la llamada democracia parlamentaria hemos llegado a la convicción de que los partidos políticos, todos, apostaron definitivamente por la continuidad.  Digo esto porque deseo  atenerme a los hechos, y  no a  las palabras del  penoso discurso de lo políticamente correcto que habló en su día de ruptura.

Pero, ¿Por qué  todos y cada uno de los partidos políticos que participaron en la transición y continúan activos en la vida política han desarrollado programas, a pesar de sus proclamas, continuistas de los regímenes anteriores monárquico, republicano y especialmente franquista?, ¿La continuidad de qué?

Por supuesto del ideario liberal-estatista que ha servido  de base a todas las constituciones españolas de los siglos XIX y XX, y por tanto iba a serlo también de la más reciente, la de 1978, con la que nos hemos adentrado en el siglo XXI. Una concepción de la sociedad en la que prevalece el economicismo frente a la convivencia libre de pueblos y personas, profundamente jerárquica a pesar de las apariencias, de clara vocación militarista e inevitable tendencia al totalitarismo. Un ideario liberal-estatista que siguen fielmente los partidos políticos parlamentarios, tanto de izquierdas como de derechas, desde mediados del siglo XVIII  y que recibió un espaldarazo con la llamada revolución francesa, a partir de la cual se viene escenificando la alternancia en el poder de ideologías que parecen opuestas y sin embargo lo son sólo en lo accidental.  Porque no existen diferencias que no sean de matices entre personas o grupos sociales que participan de una misma o parecida escala de valores.

Ahora bien, las constituciones de matriz liberal, entre ellas la española 1978 de la que muchos dicen sentirse orgullosos, han promovido durante los últimos siglos, y lo siguen haciendo, una visión economicista de la vida y la sociedad  que llama desarrollo a lo que no lo es, a partir de un ideario, el ilustrado, por el que se pretende gobernar en nombre del pueblo, pero sin el pueblo.
Resultat d'imatges de CONSTITUCIONES LIBERALES
Escala de valores significa ordenamiento prioritario de lo  que es valioso para el ser humano. Y lo más valioso, sin duda, no es aquello que nos permite poseer más y más, sino lo  que nos permite trascender lo puramente material. Una escala de valores constituye un instrumento valioso para la convivencia siempre y  cuando apunte hacia  lo que  verdaderamente es valioso: la capacidad de distinguir entre el bien y mal, como objetivo primordial.

La pregunta que casi nadie hace, es si la constitución española de 1978 constituye un instrumento jurídico válido en este sentido. ¿Se apoya   en una escala de valores  apropiada para mejorar las relaciones humanas? ¿Somos acaso conscientes que una constitución basada en una escala axiológica que pone la creación de  riqueza como objetivo número uno, no sirve para lo que se predica: hacer posible la convivencia mínimamente respetuosa de quienes viven en un mismo territorio? 

Si así fuera, no asistiríamos al caos convivencial existente, tampoco constataríamos casi a diario la falta de ética de quienes dicen gobernarnos, ni la profunda injusticia que supone la apropiación y reparto desigual continuado  del bien común, ni la vil y mentirosa utilización  de la propaganda política, ni por supuesto la vergonzosa intromisión del poder político y económico en la privacidad del sujeto humano, individual o grupal, ni tampoco  contemplaríamos el incremento constante de la violencia en las relaciones personales y sociales en general.

Como acabamos de constatar con la imposición de  priorizar constitucionalmente el  pago de los intereses de la deuda económica contraída ilegítimamente sobre cualquiera otros asuntos de orientación igualitaria, la constitución 1978 hace del dinero, por la propia dinámica de un capitalismo al que se adhiere sin ambages, la base para  la supervivencia de un tipo de sociedad organizada según los esquemas de la nación-estado, es decir jerárquica y desigual, por tanto lejos del objetivo de justicia que se pretende.

Si bien la constitución no niega valores como la libertad, la igualdad, la solidaridad, etc., lo que hubiera resultado  inadmisible, en la práctica por efecto de la escala de valores que promueve, quedan relegados. Cada escala de valores conlleva una cosmovisión diferente, lo que significa, a pesar de lo que se nos predica, que no son compatibles entre sí. De ello se sigue que si la constitución de 1978 ha optado por una visión economicista de la vida, son temas para ella secundarios la libertad, la justa distribución de la riqueza o la igualdad. El concepto de estado del bienestar resulta así un concepto vacío, orientado a ocultar un burdo economicismo acorde con la consideración del dinero como valor supremo.

Por el contrario, el verdadero bienestar, aquel que surge de una sana convivencia, no puede tener como valor primero lo económico, a pesar de su indudable importancia.  En la sociedad actual la posesión de dinero básicamente no responde al esfuerzo sino a un tipo de reparto desigual que hace el estado de la riqueza en atención a sus propios fines, entre ellos la dominación.  Con una escala de valores tal, y con el correspondiente ordenamiento jurídico el ser humano enferma pues se resiente en su salud física, psíquica y espiritual, es decir en su integridad.
Resultat d'imatges de COOPERACION O DINERO
Pues bien, esto y no otra cosa es lo que refleja el texto  de la constitución española de 1978, en la línea de ser de un capitalismo a su vez quintaesencia de la visión economicista de la vida que tiene en el consumismo descerebrado su principal valedor. Una sociedad líquida, según el término de moda atribuido a Zygmunt Bauman, que refleja la pérdida de la consistencia que da al ser humano el hecho vivir en una sociedad igualitaria que deviene amorosa.

Las constituciones decididamente liberales aparecen con la toma del  poder  por parte de la burguesía mercantil  transformada en industrial y sobre todo financiera. Es pues el espíritu burgués el que ha inspirado desde el inicio la redacción de las mismas, siendo en España la primera la de 1812 y la última la que ahora nos ocupa, la de 1978, en cuya elaboración y  promulgación, no hay que olvidarlo, el ejército ha jugado un destacado papel, como ya venía haciendo en el antiguo régimen del que por cierto se proclama enemigo, en esta nueva etapa. 

Con la fabricación del papel moneda, la emisión de deuda por parte de los estados como dinero, el incremento  de la presión impositiva  sobre el pueblo, la acelerada implementación del colonialismo como motor de la economía, el aumento exponencial de la milicia y la obligatoriedad del servicio militar para defender el control de los territorios ocupados, el crecimiento de las sociedades anónimas que acabarán convirtiéndose en empresa multinacionales, la destrucción del mundo rural y la potenciación de la ciudad frente al campo, es decir de las rentas frente a la producción  y la casi total monetización de las relaciones humanas, se consuma la orientación economicista de la vida iniciada y apoyada con la promulgación de aquellas constituciones modernas, casi la totalidad,  dirigidas a aumentar la riqueza individual en detrimento de lo comunitario, es decir, contrarias a la gestión participativa del bien común.

La construcción de una escala de valores en la que lo económico ocupa un lugar privilegiado, no es algo nuevo, sino repetido a lo largo de la historia como propio de los imperios habidos, y por tanto de los estados, lo que no evita su decadencia y posterior desaparición. En este sentido podemos hablar de continuidad entre monarquías, repúblicas o dictaduras, así como entre el llamado antiguo régimen y la sociedad moderna. Se trata de un ciclo que no puede acabar si no es con un cambio radical en la escala de valores que sustenta a las llamadas normas supremas o constituciones.

No hay que olvidar que fue durante el franquismo cuando España ya fue requerida para formar parte del espacio europeo. Así pues también Europa, en cuanto creación de un supraestado,  es un reflejo fiel de un nuevo economicismo, una escala axiológica en la que lo económico en general y el dinero en particular, ocupan el primer lugar. Planteamiento acorde con la preeminencia de unas oligarquías financieras que no han dejado de crecer desde la proclamación de las primeras constituciones liberales a finales del siglo XVIII.

Se denigra, en la actualidad, a la tradición, depositaria en muchos casos de valores axiológicos en los que lo económico no es lo prioritario. Lo mismo ocurre con la democracia directa, única capaz de reordenar la sociedad en torno a valores nuevos, tanto desde el punto de vista político como económico, mientras se exalta la democracia representativa y parlamentaria, como hace la constitución española de 1978, que nada nuevo aporta en este sentido. La consecuencia más directa de todo ello es  un anquilosamiento generalizado de la vida individual y social, una  falta de perspectiva para el futuro y una progresiva incapacidad por adaptarse a un tiempo, el presente, que está  exigiendo por sí mismo ese cambio radical en la escala de valores que evite la destrucción de la naturaleza y el ser humano.  

Pero no todo lleva a la desmoralización. La oposición a una constitución europea de cariz neoliberal, ha dado algunos frutos por el momento. Así pues, otra forma de vida económica  y política de los europeos es posible. Se trata de algo que  nos compete en cuanto sujetos celosos de la libertad, por lo que hemos de llegar a tener clara una forma  de vida en la que lo económico no sea prioritario, en contraposición al bombardeo mediático sobre el consumo como motor de la economía, y  a su vez hemos de ser capaces de ponerla en práctica.

Reflexionar sobre la constitución española de 1978, equivale a hacerlo sobre los   ordenamientos jurídicos de la humanidad en general, pues la escala de valores economicista  se ha impuesto en los cinco continentes y ha dado lugar al modelo estatal de relaciones humanas, así como a la redacción de las modernas constituciones, que no evitan un comercio competitivo, agresivo y destructor que frecuentemente acaba en guerras.  

No podemos aceptar vivir en marcos legislativos y legales que no pongan en primer lugar como prioridad máxima la convivencia y subordinen cualquier otra consideración, entre ellas la económica, a su mejora y preservación, lo que se consigue con una actitud de búsqueda permanente del Bien. Lo contrario de lo que ocurre en la actualidad, en que ni siquiera se plantea tal búsqueda. Nos preguntamos si la constitución de 1978, que tan pomposamente pretende  ordenar nuestras vidas, lo hizo en el momento de su redacción. La respuesta es que no. Convertir al estado en un proveedor de felicidad es mentir. Pretender que un estado sea proveedor de bienestar, como recoge la constitución, denota la miseria del economicismo y su enfoque materialista y reductor.

Una escala de valores adecuada pone la libertad, la ayuda mutua, la colaboración y el reparto equitativo del bien común por encima del dinero. Y si es tarea difícil, a veces épica, vivir con esta escala de valores no por ello es menos necesaria, pues viviendo con lo económico como prioritario llegamos a donde estamos, una sociedad en decadencia que  trata de sostenerse con constituciones como la de 1978  cuyo objetivo  fue dar continuidad al stuatu quo.

 Al pretender considerar secundarios valores tales como la colaboración y la ayuda mutua o el respeto escrupuloso a la individualidad, se genera daño  psicológico, así como miseria económica y moral.

Lo pertinente en economía y  en el ordenamiento legal es el control de las  necesidades de los seres humanos  para que  no devengan exclusivamente materiales y por tanto insaciables, lo que degrada al cuerpo, hace enfermar a la  psique y  anula la fuerza del espíritu, es decir,  para que no rompa la integridad del ser humano como individuo y como sociedad. Son atributos de los seres humanos la capacidad para ejercer la  justicia conmutativa y la  justicia distributiva, pero para hacerlo posible es necesario regirse por el principio ético de que la acumulación de riqueza no es un bien y sí el reparto equitativo de la misma. El exceso en la  acumulación privada desorganiza al grupo social y  destruyen su capacidad de producción a pesar de lo dice y promueve una escala de valores economicista. Por el contrario en otra escala de valores posible la cooperación aparece como el verdadero motor de la economía que resulta así  más eficaz, justo y respetuoso con la naturaleza, incluido el ser humano y su convivencia grupal.

¿Qué constitución actual  establece como prioritario lo aquí dicho?  ¿Acaso no se soporta la constitución española de 1978 en una escala de valores en todo inapropiada, generadora de desequilibrio social, algo contrario a las exigencias de supervivencia del  grupo social  e incluso de cualquier ser vivo? 

Cuando  calificamos de obsoleta a una norma jurídica, en este caso de la constitución española de 1978, lo que hacemos es apuntar a  la necesidad de regirse por una escala de valores en todo diferente.  Hablamos de la  necesidad de superar el concepto de estado actual. Hablamos de un cambio civilizatorio, pues esto es a lo que lleva un cambio en la escala de valores.  Y es por ello que decimos que la actual no es  ni eficaz ni  viable  pues una visión economicista de la vida y la sociedad no está orientada a la búsqueda del Bien a pesar de lo que se predica. Y sin embargo esta búsqueda aparece como fundamental y fundante de una sociedad nueva.

Lo contrario es pretender un imposible. La constitución actual de 1978 dice organizar la convivencia y la sociedad, pero a lo máximo que llega es a crear un  muy secundario y limitado estado llamado  de bienestar. Una estrategia que disimula el  estado de dominación de unos  sobre otros y oculta la verdadera desigualdad estructural de la actual escala de valores implementada desde el poder que resulta ser así antiética. 


Rafael Rodrigo Navarro , 6 de diciembre de 2017

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