Un artículo de Rafael Rodrigo Navarro
La llegada de los comunicados que adjunto del Comité de Resistencia Indígena del Cauca Colombiano (CRIC), me produce un sentimiento de profunda
tristeza que deseo compartir con gente querida, en forma de reflexión.
Se trata de una historia antigua, por desgracia muy antigua
en algunos casos, que lejos de encontrar una solución apropiada se repite a lo
largo de la historia de la humanidad.
Pero la aparición cíclica de esta lucha del pueblo, pueblos, contra el
estado, los estados, nos indica hasta
qué punto el llamado desarrollismo está condenado a acabar en un
estrepitoso fracaso, no sin antes sembrar miseria y llevarse por delante infinidad de vidas
humanas.
La razón es sencilla: el llamado progreso tecnológico resulta
ser un falso progreso puesto que está orientado
en la dirección de una mayor acumulación de poder económico, político y
militar y no hacia el objetivo contrario,
verdaderamente humano, de la disolución de todo poder que evite la dominación de unos sobre
otros.
La llamada revolución tecnológica, cuando se analiza con
detalle, aparece como lo que es: una nueva forma de fortalecimiento del
capitalismo y no una mejora de las relaciones entre los seres vivos. Con otras
palabras, se orienta contra lo que el neurobiólogo y pensador chileno Humberto
Maturana llama la verdadera estructura
biológica-cultural humana que en lenguaje científico recibe el nombre
de autopiesis
y en lenguaje popular autogestión
o producción continuada de sí mismos tanto en el caso de los seres humanos individuales
como colectivos (pueblos o naciones).
Viene a mi mente, al escribir estas líneas, el paralelismo
existente entre lo que ocurrió durante la segunda república española, el
golpe militar del general Franco , la
consolidación de la dictadura durante más de cuarenta años y la llamada transición democrática,
en lo que se refiere a la liquidación del poder de autogestión popular en
España por un lado, y las actuales agresiones de estado colombiano
contra otras formas de entender la organización social, económica y política,
en este caso de los pueblos indígenas del Cauca, de los que se intenta su
desaparición como tales o una rendición
incondicional.
Tengo en las manos un antiguo libro del escritor Antonio
Ramos Espejo titulado Después de Casas Viejas (1) que como cientos de libros de la época recoge
el testimonio directo de algunas personas que vivieron en aquellos años convulsos
del siglo XX, en concreto durante la
segunda república, en los que se intentó por todos los medios contrarrestar la
reacción popular que se estaba dando a lo largo y ancho de la península
ibérica. Principalmente los jornaleros campesinos, pero también otro
tipo de trabajadores, viendo que en nada les
habían beneficiado las estructuras
productivas del capitalismo implantadas a sangre y fuego durante el siglo XIX y que de hecho les deparaban miseria y hambre, intentaron recuperar sus usos y costumbres, sus formas de autogobierno y las tierras
ancestrales que habían gestionado de
manera exitosa en comunidad y en equilibrio con lo privado durante siglos.
No obstante, de todos es sabido cuál fue la reacción del estado. Una y otra vez fueron enviados los guardias de asalto
republicanos, la guardia civil monárquica y el ejército cuando fue necesario para abortar el intento. Destrucción de lo popular
que continúa hasta el día de hoy.
En el caso colombiano, el conflicto entre el
ejército y la guerrilla de las FARCS durante años, seguramente en gran
parte ficticio puesto que en nada ha afectado a la estructura depredadora del
estado, hizo que las organizaciones
indígenas consolidaran sus formas de autogobierno en lo posible al margen del
estado, prescindiendo de los partidos políticos y eligiendo a sus gobernantes
según usos y costumbres. Al mismo tiempo hicieron crecer en la organización de
su territorio lo que llaman resguardos y en nuestra historia europea se han llamado comunales. Una institución fundamental para la economía
popular que no sólo hace
posible una manera diferente de entender lo humano, sino que resulta imprescindible para la supervivencia de pueblos y culturas.
Pero de la misma manera que el estado capitalista no toleró
la supervivencia de pueblos libres (naciones)
autogestionadas en Europa, de lo que es claro ejemplo lo que ocurrió en
España durante los siglos XIX y XX, tampoco ahora puede permitir que sobrevivan
en América.
En ambos casos la lucha se centra en la posesión de la
tierra. Una vez enajenados los
territorios comunales, el estado los
desintegra y utiliza para el progreso del capitalismo (los llamados milagros económicos, seguidos de profundas depresiones). Por el
contrario, nuestros históricos comuneros y jornaleros así como los actuales
pueblos indígenas de Colombia lucharon y
luchan por conservar la autogestión de sus territorios ancestrales y
mantener un inteligente equilibrio entre
la propiedad privada particular y la
propiedad comunal comunitaria, lo que resulta más humano que lo que se nos
ofrece como organización económica desde el estado capitalista, una acumulación
de tierras y capital sin límite. Por definición,
de existir lo comunal no podría existir tal acumulación. Ello explica el alto grado de violencia
actual contra las organizaciones , en este caso indígenas, que tratan de
mantenerlo.
Aceptar el capitalismo como forma de organización humana, se
convierte en la práctica en una pérdida
del control del territorio por parte de
quienes dicen gobernar desde el estado, por
la simple razón de que las decisiones se
toman en centros de poderes muy superiores y alejados. Y esto no constituye una
entelequia. Basta observar, con
perspectiva histórica, lo ocurrido en tiempos recientes aunque se predique lo
contrario. En lugar de asistir a una defensa del territorio, se asiste a una
pérdida del mismo camuflada con el eufemismo de “una defensa nacional”.
Es por ello que desde
una perspectiva comunera no existe la nación-estado tan cacareada y
sacralizada por el liberalismo, sino una total pérdida de identidad
nacional. Desde este punto de vista el
estado colombiano resulta ser una farsa, como lo
es el estado español, para los pueblos
asentados en el territorio de la península ibérica.
Se podría discutir la amplitud de
lo que debe ser propiedad privada y propiedad comunitaria (no
exclusivamente estatal) de la tierra,
del dinero y de los bienes de capital (2),
y también la necesidad de compartir
territorios, algo cierto, pero lo que no se puede admitir es la pérdida sistemática de la autogestión
popular y del bien común, que el estado convierte
en capital privado en un ilegítimo acto de enajenación, poniendo en peligro la
supervivencia de millones de seres humanos. Y esto por dos razones
fundamentales: porque destruye exitosas formas de supervivencia humana
milenarias y porque no
ofrece alternativa realmente convincente ya que el valor de
supervivencia del capitalismo no ha sido probado. Por el contrario, el análisis histórico nos
lo muestra expuesto a crisis cíclicas de nefastas y dolorosas consecuencias en
forma de guerras y todo tipo de
destrucción. Y numerosos analistas
actuales no dudan en afirmar que este capitalismo está abocado al colapso,
dadas las profundas contradicciones internas que no queremos tomar en
consideración.
Así pues, aunque sólo fuera por lo dicho, el respeto hacia formas
de organización económica no capitalista resulta fundamental para la supervivencia
humana.
El estado español durante la casi totalidad del siglo XIX y XX,
indistintamente en sus diversas formas de organización
política, monarquía, república, dictadura o
democracia parlamentaria, se ha
visto obligado una y otra vez a masacrar
al pueblo quien al reclamar la tierra ancestral estaba exigiendo una forma de vivir más humana, como en el citado caso de Casas Viejas durante la república, por nombrar uno. De
hecho los campesinos que habían perdido sus tierras comunales por enajenación legal ( leyes
desamortizadoras) u ocupación militar, se veían impelidos a recuperarlas no sólo para sobrevivir, ya que el
capitalismo les abocaba a la miseria,
sino en un intento de no perder el sentido de la vida humana que dice que lo
primero y principal es la
relación convivencial y que se
ha de gestionar dinero y bienes privados y
comunes, de manera que se preserve el amor convivencial, las buenas
relaciones entre los habitantes de un territorio, la ayuda mutua y la salud de
la psique humana hoy tan destruida.
Los habitantes indígenas actuales del Cauca colombiano y por
supuesto muchos otros pueblos (naciones) de todo el orbe, luchan por la preservación de sus usos y costumbres
que son a su vez su derecho consuetudinario, su ética y su capacidad de autogobierno.
Sin embargo entonces y ahora, el estado contesta con lo que le es propio: las
balas.
En realidad es así porque esta clase de supervivencia, la
autogestionada y libre, se opone frontalmente a la estatal necesariamente jerárquica y desigual, esclavista
y opresora. Sin embargo los estados se perciben a sí mismos poderosos y
poseedores de la verdad por lo que responden con violencia, pero con este tipo
de respuesta amplían sus propias contradicciones que indefectiblemente han de
abocarles al colapso. Mientras tanto su objetivo consiste en desintegrar a aquellos
pueblos que mantienen relaciones horizontales, son capaces de repartir el bien común y permanecen libres. Un obstáculo
al irracional proyecto de dominación, desde las alturas, ideado y llevado a la
práctica por minorías mandantes.
Cada vez que en esta lucha por la supervivencia vence el
estado, lo que queda no son pueblos libres (naciones) en el interior de un territorio,
sino individuos aislados, psíquicamente desintegrados, ajenos a un proyecto
comunitario. Sin eufemismos, esclavos condenados a hacer y trabajar en lo que quieren los amos y
a quienes se les facilitará la vida
según sean los intereses de éstos, reducidos a seres sin criterio y
por tanto expuestos al adoctrinamiento hasta el punto de confundir su
razonamiento con el de quien los controla.
Lo que está ocurriendo en el Cauca colombiano en el presente
resulta ser un libro abierto sobre lo que ha sido la reciente historia europea de los siglos XIX y XX: la extinción metódica
del pueblo, pueblos, en un intento de destruir su autogestión y organización política para reducirlos así a “reservas” o dispersarlos
fuera de su territorio, fenómeno social que hoy día se llama emigración.
Rafael Rodrigo Navarro
----------------------------------------
(1)
Editado por Argos Vergara en 1984 con ISBN 84-7178-728-8
(2)
Hay muchas personas que se quedan totalmente
perplejas ante este tipo de
afirmaciones, pues confunden lo comunitario con lo estatal, pero
nosotros no podemos hacer dejación de la inteligencia a la hora de diferenciar
ambos conceptos.
Lo estatal hacer referencia a la defensa de
un territorio pero no a su gestión. En la naturaleza la defensa está
subordinada a la supervivencia del ser vivo, en este caso de carácter
social, y su relación es la de la parte
al todo. De esta confusión resulta una catástrofe de incalculables
consecuencias, al permitir que la
defensa ocupe el lugar del gobierno del ser vivo, algo que no está contemplado
en la naturaleza y resulta ser una disfunción. Así pues el estado no puede ni
gobernar todo el territorio ni mucho menos
poseer el territorio en su globalidad. De nada sirve hablar de una
propiedad privada dentro del estado capitalista que resulta ser una contradicción en los
términos.
Significado etimológico de estado
es el de sistema defensivo, pacto establecido en mutua defensa. Su significado
es por tanto el de una organización militar, el de una sociedad en estado de
guerra. No podemos por tanto atribuirle, ilegítimamente otros significados
tales como nación, sistema de bienestar, sociedad convivencial, paz civil, etc.
Un ejército no puede gobernar un país, por ello nos oponemos firmemente a las
dictaduras militares, sin embargo no nos percatamos que el estado es la
estructura propia de lo militar y por tanto tampoco él puede gobernar lo
convivencial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario